Las fiestas en casa se han convertido en la opción menos riesgosa para compartir con amigos. Los robos y asesinatos ocurren con frecuencia en la madrugada, a la salida de bares y discotecas y en las llamadas "calles del hambre".
Pero el exceso de ruido doméstico representa una alteración del orden público y las leyes garantizan el derecho del vecino afectado a denunciar la irregularidad ante las autoridades municipales.
Aunque la inacción de las policías sugiere una tolerancia con respecto a la contaminación sónica, en los últimos años se ha visibilizado mediáticamente la aplicación de penas en todo el país.
La abogada Franca Moreno explicó que las fiscalías municipales tienen la atribución de atender delitos con penas menores a tres años. Estas instancias han establecido sanciones como multas de hasta 90 unidades tributarias y 100 horas de trabajo comunitario.
Según la experta, las ordenanzas de convivencia locales eventualmente contemplan la detención por reincidencia. "Es más grave de lo que parece porque el ruido genera ansiedad, distracción e insomnio, lo cual impacta en la vida personal y laboral de los afectados", indicó.
En 1992 se dictaron las normas para el control de la contaminación acústica, de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente. En las zonas residenciales no se permite más de 50 decibelios.
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