Foto: Archivo
En
Venezuela, es bien conocido que una gran parte de las extorsiones, secuestros,
robos y asesinatos que ocurren en el país, son organizados desde las cárceles.
Y esto no se debe más que al uso de celulares e internet por parte de los
presidiarios.
En
relación a esta problemática, el pasado 8 de marzo, la Asamblea Nacional (AN)
aprobó en primera discusión, el proyecto de "Ley de Limitación de la Telefonía
Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios".
A
continuación te presentamos unos puntos claves sobre esta ley:
-Según
el documento publicado en la página web de la AN, el objeto de esta legislación
es prevenir que desde el interior de las prisiones se ejecuten delitos a través
de la utilización de servicios de voz y datos inalámbricos.
-Aplicará
a todas las cárceles de régimen cerrado del país. Además, prohibirá el uso de
redes inalámbricas a las personas que están destinados a procesados judiciales
o sean penados.
-El
Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) será el encargado
de adquirir e instalar equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de
manera permanente la señal de telefonía celular e internet. Asimismo, en
conjunto con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el organismo
deberá verificar el correcto funcionamiento de los aparatos utilizados.
-Los
reclusos podrán comunicarse a través de teléfonos públicos fijos instalados por
la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). Estos deberán ser programados para
reproducir, al principio de cada comunicación, un mensaje grabado en el cual se
indicará el nombre y la ubicación del establecimiento penitenciario desde donde
se origina la llamada.
-De
tres a cinco años de prisión, será la sanción de las personas que introduzcan o
faciliten la introducción de teléfonos celulares u otros equipos tecnológicos a
las cárceles. La pena será de cuatro a seis años de prisión, cuando el autor
del delito sea funcionario o empleado público.
-Las
personas jurídicas que violen esta ley deberán pagar una sanción de 2000 a 3000
unidades tributarias (UT). En caso de reincidencia,
la multa será de 3000 a 5000 UT.
-
Seis meses es el plazo que debe cumplir el MPPSP para instalar y activar los
equipos bloqueadores a partir de la publicación de la ley en Gaceta Oficial.
Consulta
De acuerdo con este tema se realizó una encuesta a 50 personas residentes en la zona norte del estado Anzoátegui. La consulta arrojó que 38 ciudadanos están de acuerdo con la
aprobación de está ley, siete aseguraron que esta legislación no tendrá ningún efecto
sobre la incidencia delictiva y cinco opinaron que la AN debería aplicar otras
medidas para garantizar la seguridad ciudadana de los venezolanos.
Génesis Itriago
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